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Anuario TPI 2015

0pinión 14�� Antolín Aldonza Portavoz de Asagua, Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua llá por los años 2008-2009, el sector empezó a perder fuerza de forma progresiva hasta llevarlo a un estado de atonía difícil de justificar. La causa se ha de buscar en la carencia de una política de Estado que integre las necesidades de todo el país y les dé una solución unitaria impregnada de solidaridad. De esta falta derivan una serie de efectos que, entre otras cosas, perturban la convivencia y el progreso. Todos aceptan la universalidad del derecho al agua; sin embargo, no hay una única idea de cómo hacerlo efectivo. Este es el problema. Para que ese derecho sea pleno, además de disponer de agua, tiene que ser de calidad y una vez utilizada, recogida y tratada para que no contamine. Para dar ese servicio, que empieza en la concepción de la infraestructura y continúa durante toda la vida de la misma en las labores de conservación, explotación e investigación, se necesitan recursos económicos y alguien los tiene que aportar. Surge aquí el primer debate no exento de intereses partidistas. La fuente de esos recursos puede ser pública, privada o mixta, o lo que es igual, provenir del Estado, de los particulares o de la colaboración público privada. Según los Presupuestos Generales del Estado, la inversión en 2015 -4.959 millones- es algo más de la tercera parte de la que fue en 2008 -14.068 millones- y esto sucede también en nuestro sector. El ajuste fiscal se ha cebado en la inversión, pese a que las necesidades de España en lo que concierne al agua son iguales o mayores que años atrás; de esa decisión deriva todo un cortejo de secuelas. El Plan Nacional de Calidad de las Aguas no se ha cumplido, los programas de medidas de los Planes Hidrológicos de Cuenca, cuya revisión concluirá este año, son utópicos e incoherentes por la cantidad de dinero que exigen, seguimos sin Plan Hidrológico Nacional, el sistema financiero que diseña la Ley de Aguas continúa sin ponerse en práctica, las competencias administrativas del agua siguen residenciadas en los ayuntamientos, la ley integral de ciclo urbano del agua no ha visto la luz y tampoco la que ha de regular la colaboración público- privada. Y así podemos seguir. Entre otras, estas son las consecuencias: no se cumple con plenitud la Directiva Marco del Agua, lo que dará lugar a sanciones; las escasas licitaciones conllevan una distribución de anualidades irreal; las empresas han de reajustar sus plantillas y eso supone pérdida de empleo; el capital público se deteriora por falta de conservación, etc. Y todo esto sucede en un país pionero en la gestión del agua, con unas fortalezas indiscutibles: una Administración Central competente, que en estos momentos sabe perfectamente lo que hay que hacer gracias a la buena labor técnica de la Dirección General del Agua, unas empresas con capacidad probada y aprobada por todo el mundo, unos técnicos imaginativos y muy bien formados y una I+D+i a la que solo le falta dinero privado. El sector del agua, por el momento, está atenazado, pero no hay duda de que tiene un futuro halagüeño por el papel que España juega en Europa y porque así lo exige el incremento y conservación del patrimonio hidráulico que, en esencia, es garantía de progreso. Con esas inversiones ciertas de más de 25.000 millones en los próximos años volverá el empleo y España seguirá siendo el país de referencia en esta materia. �� El derecho al agua A


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